Los canales de denuncia son obligatorios desde el 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2021 expira el plazo para que las empresas del sector privado con 50 o más trabajadores implanten canales de denuncia o éticos conforme lo establecido en la la Directiva comunitaria 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, conocida asimismo como Directiva sobre Whistleblowers.

Consciente de la dificultad que implica para las empresas medianas, la propia Directiva amplía el plazo a las entidades del sector privado que tengan de 50 a 249 trabajadores, hasta el 17 de diciembre de 2023; si bien no existe esa moratoria en las empresas que operen financiero Anexo, Parte I.B); las empresas consideradas sujetos obligados por la Directiva (UE) 2018/843, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Anexo, Parte II) y todas las entidades públicas, incluidas aquellas que sean propiedad o estén sujetas a su control (art. 8.9 primer párrafo).

Además, de que el ordenamiento jurídico español ya en su normativa disponía su obligatoriedad a empresas que operan en el sector financiero, obligados por la legislación de blanqueo de capitales, como puede ser el asegurador o reasegurador, normativa de igualdad y aunque no sean obligatorios por el Código Penal en la práctica es esencial para evitar o disminuir la responsabilidad penal de las empresas en el caso de ser condena, además de ser un inmejorable medio de control y prevención.

Los canales de denuncia deben ir acompañados de unos protocolos que garanticen la confidencialidad y el anonimato, por tanto los medios empleados deben preservarlos, además la realización de acuses de recibo con las personas denunciante en el plazo determinado el registro de las denuncias y sus actuaciones y , lo más importante el establmiento de medios y garantías de que no van a existir represalias hacia la persona denunciante.

 

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