Programas business integrity en corporate compliance.

Programas business integrity en corporate compliance.

¿Cómo podemos ayudarles? Diseñamos, revisamos y actualizamos los sistemas de gestión en corporate compliance involucrando un equipo de profesionales expertos en consultoria de estrategia empresarial y gestión de riesgos que trabajan mediante un modelo protocolizado de actuaciones estructurado y planificado con el objetivo de dotarles de un sistema de gestión coherente y que pueda ser puesto en marcha con acciones puntuales a la mayor brevedad.

Contenido del servicio:

consultoría de diseño y mejora de los programas de compliance.

  • Análisis del contexto de la organización. 
  • Determinación de stakeholders y sus necesidades y requisitos
  • Determinación del alcance del Sistema
  • Estructuración documental del Sistema de Gestión de Compliance 
  • Roles responsabilidades (órgano de gobierno, de Compliance y alta dirección)
  • Definición y comunicación de la política de Compliance
  • Cuadro de delegación de facultades
  • Identificación, evaluación y análisis de actividades de riesgo
  • Establecimiento de objetivos
  • Código ético o de buena conducta. Cultura Compliance
  • Evidencias de competencias del profesional de Compliance. Formación
  • Procedimentar la diligencia debida general
  • Política a nuevos miembros y a los existentes
  • Requerimiento de cumplimiento, medidas disciplinarias y no represalias
  • Procedimentar la diligencia debida a socios de negocio y a personas especialmente expuestas
  • Formación y conocimiento en ámbito de Compliance Penal. Elaboración del Plan de formación
  • Determinación de las comunicaciones internas y externas. Plan de comunicación
  • Procedimientos y registros del control de la documentación interna y externa
  • Revisión de la estructura inicial del Sistema de Gestión de Compliance Penal
  • Procedimiento para controles financieros y no financerios en la organización
  • Procedimiento para entidades bajo control de la organización
  • Evaluación de controles implantados por entidades no controladas por la organización
  • Requerir o modificar cláusulas contractuales de negocio
  • Procedimiento para incumplimientos e irregularidades
  • Canal de denuncias. Creación e implantación
  • Procedimiento de investigación de inclumplimientos e irregularidades
  • Procedimiento para el seguimiento, medición, análisis y evaluación
  • Panel de indicadores
  • Procedimiento para la elaboración de los informes de compliance penal. Periodicidad y contenido
  • Procedimiento para la realización de auditorías internas. Planificación, programas y resultados
  • Revisión del Sistema de Gestión de Compliance Penal por el órgano de Compliance Penal, la Alta Dirección y el órgano de Gobierno
  • Registro de las oportunidades de mejora surgidas de los análisis previos y de la evolución del sistema

Ámbito normativo.

El Código Penal español considera que las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente y establece una lista tasada de delitos que pueden ser cometidos por sus representantes legales y empleados en nombre y representación de la organización y con un beneficio directo o indirecto.

El gran número de marcos de referencia que los Códigos de Buen Gobierno Corporativo realizan al tratamiento de los riesgos de soborno y corrupción y que la comisión de los delitos de esta naturaleza en el seno de las organizaciones suele ser una de las mayores preocupaciones a nivel global ocasionó el nacimiento e impulso de los sistemas de compliance, dando lugar a la especialización autoregulatoria publicada en octubre de 2016 la ISO 37001: Sistemas de gestión anti soborno.

La legislación española sanciona penalmente las infracciones en blanqueo de capitales y además impone administrativamente a determinadas personas físicas y organizaciones que operen en los sectores del ámbito de aplicación a un cumplir un comportamiento y diligencia debida.

Una traducción simple del delito de blanqueo de capitales diría que es aquella conducta encaminada a borrar las huellas y el rastro de un dinero obtenido de modo ilícito (como el tráfico de drogas, de armas, o el terrorismo) y dar una apariencia de ingreso legal o legítimo a través de un negocio simulado; pero, las modalidades del delito de blanqueo de capitales que prevén el artículo 298 y siguientes es mucho más amplio y las modalidades típicas se agrupan de la siguiente manera:

  • Adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen su origen en un delito grave.
  • Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes.
  • Realizar cualquier otro acto para ayudar a la persona que ha participado en la infracción para eludir sus consecuencias legales.
  • Ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o su propiedad, a sabiendas de que proceden de un delito grave.

A su vez hay personas físicas y organizaciones que están obligadas al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, esto es, estos sujetos obligados que se señalan en los párrafos a) al y) del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo están obligados a la implantación de unos protocolos de comunicación y de diligencia debida de prevención y detección.

Las empresas se enfrentan a una realidad cada vez más compleja y desfragmentada de sus obligaciones tributarias procedentes las Administraciones competentes en la materia que pueden ser nacionales o nacidas de Instituciones de la Unión Europa y de los Convenios y Tratados internacionales celebrados por el Estado, lo que les genera una extrema incertidumbre.

Como consecuencia de ello las empresas tienen que contar una añadida diligencia la gestión de sus operaciones e implicaciones fiscales y en especial en los procedimientos que tratan los beneficios transfronterizos de los grupos y, los riesgos fiscales que la incertidumbre geopolítica que opera en mercados como el de los Estados Unidos, China, Reino Unido, Australia e India.

En definitiva, la estrategia fiscal y la gestión de sus riesgos, junto con la de los factores sociales, económicos, ambientales, por su importancia en el impacto social de la empresa es un factor importantísimo de atención para la valoración reputacional de la organización.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres establece que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad como consecuencia deberán implementar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.

En la actualidad como consecuencia del Real Decreto 6/2.019, de 1 de marzo dispone que se debe implantar un plan de igualdad en la organización cuando estas cuenten con más de 50 trabajadores/as reduciendo considerablemente su redacción original que se establecía dicha obligación cuando la empresa contaba con más de 250 trabajadores/as.

Además, también han de implantar un Plan de igualdad en su organización cuando así lo establezca el convenio colectivo de aplicación o cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionar la sustitución de sanciones por la elaboración y aplicación de un Plan de igualdad.

Un aspecto incentivador para el respeto normativo a la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres estable sanciones económicas y, además, si la empresa incumple con su obligación de tener un plan de igualdad, no podrán contratar con entidades del sector público, tal como establece en su art. 71 la Ley de Contratos del Sector Público.

La adecuada revisión de los riesgos en materia laboral, Seguridad Social y Prevención de Riesgos requiere un análisis concreto su situación de contratación, dependencia, comunicación, permanencia y para ello es preciso alinear la estrategia y necesidades empresariales con las normas aplicables al sector y también al territorio donde van a ser aplicables las normas laborales y de seguridad y desarrollar la actividad laboral.

Las organizaciones conforme lo establecido en el actual Código Penal español pueden ser responsables penalmente por los delitos que puedan cometer en su nombre y representación y beneficio directo o indirecto de la compañía cuando este fuera cometido por sus representantes legales o empleados.

El art. 31 bis del Código Penal da las pautas del comportamiento, políticas y procedimientos que han de implantar las organizaciones como sistemas de gestión circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que incluyen medidas de prevención, detección y respuesta a las posibles infracciones.

Nuestros Sistemas de Gestión siguen lo dispuesto por la UNE 19601 que incluye: (I) la identificación de riesgos penales; (II) establecimiento de protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de voluntad de la empresa; (III) modelo gestión recursos financieros; (IV) canal de denuncias; (V) sistema disciplinario; y (VI) verificación periódica del modelo.

Con la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público hemos pasado a tener una Ley que prevé actuaciones encaminadas hacia la prevención cumpliendo el mandato de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 que transpone y recoge entre sus novedades las conocidas como medidas de redención o de autocorrección (self-cleaning), por lo que aparecen así las políticas de compliance vinculadas de un modo directo a la contratación pública. Y si bien, las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas es recomendable en post de la transparencia que se implanten políticas y procesos de contratación como mecanismo de redención, incorporado en el trámite de audiencia, para evitar que un futuro licitador sea declarado incurso en una prohibición de contratar. Y para la Administración contratante artículo 64 impone a todos los órganos de contratación la obligación de tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores; así como la posibilidad del establecimiento de canales de denuncias como ya siguen algunas comunidades autónomas y determinadas otras entidades públicas.

Cualquier tipo de actuación o interés de la organización con repercusión o influencia legal puede y debe contar con una visión legal anticipada que prevea con políticas y procedimientos el haber actuado conforme las normas jurídicas generales, especiales o establecidas por los diferentes reguladores en cuanto al sector o ámbito o bien en adelantarse a posibles cambios que se avecinan y así poder tomas medidas antes de que ocurren.

#Valor que aporta.