En 2026 entrará en plena aplicación el Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos libres de deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés), una norma que marca un punto de inflexión en la política ambiental europea. Afecta directamente a la comercialización en la Unión de productos tan cotidianos como el aceite de palma, la carne de vacuno, el café, el cacao, la madera, la soja y sus derivados. Pero su importancia va mucho más allá de la lista de materias primas o productos: avanza en una incipiente una nueva etapa de intervención normativa basada en la trazabilidad, en este caso, geográfica; en la que obliga a incorporar mecanismos de due diligence que trasladan las obligaciones de vigilancia y control a operadores, importadores, y comercializadores.

Estamos, claramente, ante un cambio estructural del marco de responsabilidades tradicional

En las últimas décadas, la normativa ambiental comunitaria se ha multiplicado en todas las direcciones: protección de hábitats, neutralidad climática, eficiencia energética, residuos, responsabilidad extendida del productor, biodiversidad, químicos, acceso a la justicia ambiental. Cada texto refuerza la idea de que las empresas son parte activa —y responsable— del resultado ambiental. Pero en muchos casos no se trata ya de responsabilidad compartida, sino de una auténtica delegación de funciones públicas, donde el operador económico es, a la vez, juez y parte, obligado a investigar sus cadenas de suministro, valorar riesgos, actuar y reportar a la Administración.

Algunos celebrarán este paso como el único camino posible tras décadas de permisividad, de incumplimientos crónicos, de externalización de los costes ambientales. Y no les falta razón. Otros, con igual legitimidad, advertimos del coste económico, jurídico y sistémico que puede implicar esta estrategia si no se acompaña de medidas coherentes, realistas y socialmente equilibradas.

Normas incómodas que desafían el statu quo

La aplicación práctica de estas normativas —como el propio Reglamento EUDR— suele desatar resistencias. No solo entre las grandes corporaciones directamente afectadas, sino también entre sectores enteros que ven cuestionado su modelo de negocio, su forma de operar, sus márgenes y hasta su viabilidad. No es difícil comprender por qué: la implementación del EUDR exige trazabilidad hasta el nivel de parcela de origen, pruebas de que no ha habido deforestación desde diciembre de 2020, y documentación verificable en todos los eslabones de la cadena.

Esto afecta especialmente a la soja, un producto que España importa en cantidades superiores a los 4 millones de toneladas anuales, en su mayor parte procedente de Brasil. Esta soja no se ve, no se consume directamente, pero alimenta —literalmente— a todo el sistema ganadero intensivo del país. Se utiliza como ingrediente clave en los piensos para porcino, aves y vacuno, y está por tanto en embutidos, carnes frescas, fiambres, platos preparados y muchos otros derivados que llegan al consumidor final.

¿Y si no se cumple?

Surgen entonces las preguntas clave: ¿qué ocurre si la cadena de suministro no puede garantizar el cumplimiento del reglamento? ¿Qué ocurre si los importadores no son capaces de demostrar el origen libre de deforestación de la soja que introducen en la UE? La respuesta es directa: no se podrá comercializar legalmente en el mercado europeo.

A partir de ahí, el efecto dominó es preocupante. Si no hay soja importada legalmente, ¿puede sustituirse? ¿Hay alternativas suficientes, viables, productivas, en otras zonas del mundo o incluso en Europa? ¿Se puede reconvertir la cadena de suministro? ¿Qué ocurre con los ganaderos, con las fábricas de piensos, con los precios de los productos cárnicos?

Y, sobre todo: ¿qué hace el mercado?

Una hipótesis preocupante pero realista es la siguiente: la presión regulatoria se vuelve tan estricta en la UE que parte de la producción se traslada fuera del mercado comunitario, a países que no están sujetos al reglamento. La carne se produce fuera, con piensos de soja procedentes de zonas deforestadas, se procesa y se exporta de vuelta a la UE sin restricciones, bajo la forma de productos transformados, según los resquicios normativos que todavía existen. Mientras tanto, la producción europea se contrae, los ganaderos locales cierran, y la huella ambiental global ni siquiera mejora.

Una regulación escrita, operativa, con riesgos reales

Las normas están ya redactadas. Retractarse ahora, o permitir aplazamientos bajo presión de los grandes lobbies, solo abriría la puerta a nuevas vulnerabilidades legales, desigualdades de competencia y descrédito político. Europa no puede presentarse como líder ambiental y, al mismo tiempo, desmontar su marco normativo cuando comienzan las resistencias.

Pero tampoco puede ignorar el impacto económico estructural que esto conlleva. El riesgo no es solo que no se aplique la norma: el verdadero riesgo es que la transición ecológica destruya sectores enteros sin construir alternativas viables, ni productivas ni sostenibles.

Un dilema inevitable

Como firma especializada en regulación ambiental observamos esta deriva con preocupación: sí, hay que cumplir las normas; sí, hay que frenar la deforestación; sí, hay que actuar ante la emergencia climática. Pero no podemos hacerlo a costa de dinamitar modelos económicos enteros sin alternativas claras, sin acompañamiento técnico, sin inversión para transición real y, sobretodo, sin díalogo.

Si el resultado de esta política es que seguimos usando soja de tierras deforestadas, pero simplemente movemos la cadena de suministro fuera de Europa, habremos fracasado en todos los frentes: en la protección ambiental, en la justicia económica y en la credibilidad institucional.

Europa está a tiempo. Pero debe decidir si quiere ser un continente con normas que se cumplen, modelos que se transforman, y economías que se sostienen, o solo un mercado más con buenas intenciones y consecuencias no deseadas.