¿Por qué no se desarrollan plantas de biogás en España?

La Hoja de Ruta del Biogás, aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica en mayo de 2021, fija un objetivo mínimo de 10,41 TWh/año de producción de biogás para 2030, lo que supone multiplicar por 3,8 la producción nacional de 2020 (MITECO). Este objetivo está respaldado por el PNIEC 2023-2030 y por la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que reconocen el papel del biogás en la descarbonización, la economía circular y la creación de empleo rural.

Sin embargo, la realidad es otra

En 2022, España contaba con 146 plantas de biogás que producían solo 2,74 TWh/año, de las cuales apenas 6 inyectaban biometano (European Biogas Association). En 2023 se inyectó biometano en apenas 9–11 plantas. Para el año 2024 las fuentes sectoriales estimaron 64 plantas operativas, con una producción conjunta de solo 2,077 TWh, menos de la mitad de la producción francesa (4 TWh)

Ya metidos en el 2.025 se puede afirmar que el desfase con respecto a los objetivos es evidente, sobre todo si se considera que el potencial técnico del biogás en España se estima en hasta 163 TWh/año, suficiente para cubrir el 50 % de la demanda nacional de gas natural .

1. Falta de un marco económico atractivo

España no ha implementado subastas específicas ni sistemas estables de primas para el biogás o biometano, lo que complica la financiación. El propio MITECO anunció en 2024 una consulta pública para diseñar un sistema de subastas para cogeneración, pero aún no se ha materializado en medidas específicas para el biogás. La Hoja de Ruta del Biogás ya advertía en 2021 que era necesario crear un esquema retributivo para dar seguridad jurídica y económica, pero en 2025 sigue pendiente.

Mientras tanto, el mercado global del biogás continúa creciendo: en 2024 ha alcanzado los 133.610 millones de USD, y se espera que supere los 191.000 millones en 2032, con Europa representando más del 50 % del mercado mundial.. España está perdiendo una oportunidad estratégica de captar parte de ese crecimiento.

Además, en países como Alemania, Francia o Italia, el desarrollo del biogás ha sido posible gracias a sistemas de apoyo público tanto en tarifas como en costes de infraestructura. Según la European Biogas Association, en estos países se comparte el coste de conexión a la red entre los promotores y los operadores de red. Sin embargo, en España los promotores deben asumir el 100 % del coste de conexión, lo que encarece aún más los proyectos y desincentiva su desarrollo .

Comparativa internacional

2. Dificultades normativas con el digestato

El digestato es un subproducto esencial del proceso de biogás. Su correcta valorización como fertilizante es clave para la viabilidad económica y ambiental de los proyectos. Sin embargo, el marco normativo actual —tanto europeo como estatal— plantea barreras significativas y falta de seguridad jurídica.

A nivel europeo, el Reglamento (UE) 2019/1009 establece requisitos muy exigentes para comercializar el digestato como fertilizante CE (tratamientos higienizantes, análisis, trazabilidad). Estas exigencias son difíciles de cumplir en el modelo agrario español, basado en purines y residuos ganaderos.

En España, el Real Decreto 1051/2022 no aclara de forma efectiva cuándo el digestato deja de ser un residuo. Exige condiciones restrictivas, análisis costosos y criterios dispares entre comunidades autónomas. Esto impide su valorización real, lo mantiene como residuo en la práctica, y eleva de forma significativa los costes de gestión.

Además, muchos proyectos no disponen de un enfoque jurídico transversal que interprete correctamente la normativa y la articule con la legislación de residuos, fertilizantes y economía circular.

Si no se resuelve esta inseguridad jurídica, el digestato seguirá siendo el gran cuello de botella del sector, condicionando:

• La captación de residuos en origen (ver apartado 4),

• La rentabilidad de las plantas,

• Y la aceptación local de los proyectos.

Desde Mendo & Callao Legal ayudamos a promotores y cooperativas a resolver esta incertidumbre normativa, con soluciones legales claras y adaptadas, como explicamos en nuestro eBook especializado sobre digestato.

3. Tramitación lenta y compleja

Uno de los principales obstáculos para el desarrollo del biogás en España es la lentitud y complejidad del marco administrativo, con plazos que pueden superar los tres años para obtener todas las autorizaciones necesarias.

Los problemas más comunes incluyen:

• Falta de coordinación entre administraciones y disparidad de criterios entre comunidades autónomas.

• Normativas sectoriales no armonizadas (residuos, energía, aguas, fertilizantes, suelos…), que obligan a tramitar en paralelo procedimientos diferentes.

• Procesos duplicados o contradictorios, con exigencias documentales superpuestas.

• Incertidumbre normativa, debido a cambios frecuentes y ausencia de directrices técnicas claras.

Estas dificultades ralentizan la ejecución de los proyectos y generan incertidumbre económica, especialmente cuando hay ayudas condicionadas a hitos temporales o compromisos de inversión.

En muchos casos, los retrasos podrían evitarse si se abordara la tramitación desde una planificación legal estratégica, que interprete de forma transversal los requisitos normativos, anticipe las objeciones más comunes y mantenga un diálogo fluido con las distintas autoridades.

4. Dificultad para asegurar suministro

España cuenta con más de 159 millones de toneladas anuales de residuos valorizables, pero convertir ese potencial en materia prima real para plantas de biogás no es sencillo. Muchos residuos agrarios, ganaderos o industriales ya tienen un uso establecido (compostaje, fertilización directa, valorización energética), lo que complica la disponibilidad continua y estable.

A ello se suma la desconfianza de los generadores, la falta de contratos tipo y la ausencia de una cultura de acuerdos jurídicamente seguros. En muchos casos, la cesión de residuos se condiciona a que el digestato pueda ser valorizado en origen, lo que remite a las dificultades normativas analizadas en el punto 2.

Esto genera una situación en la que la viabilidad técnica se ve comprometida por inseguridad legal y económica, especialmente cuando no se estructura jurídicamente toda la cadena de suministro desde el inicio. Diseñar acuerdos que integren normativa de residuos, fiscalidad, contratos agrarios y condicionantes ambientales es clave para dar confianza a ambas partes. Esta fase, aunque a menudo se infravalora, es esencial para que el proyecto sea bancable, operativo y aceptado por el entorno.

4. Brecha entre proyectos y financiación

Una de las paradojas más notables del sector del biogás en España es que, a pesar de la existencia de fondos y líneas de financiación verde disponibles, la mayoría de los proyectos no logran alcanzar la fase de inversión real. El problema no radica tanto en la falta de liquidez, sino en la ausencia de proyectos jurídicamente estructurados y financieramente viables.

Sí hay dinero disponible, pero no para cualquier proyecto

Es cierto que muchas entidades financieras y fondos cuentan con recursos destinados a proyectos de energía renovable, incluida la bioenergía. Sin embargo, no todos los proyectos consiguen acceder a esa financiación. ¿Por qué?

• Falta de madurez: muchos proyectos se encuentran en fases iniciales, sin permisos clave, sin contratos de suministro asegurados ni un estudio económico realista.

• Ausencia de estructura jurídica adecuada: sin una due diligence ambiental, fiscal y regulatoria, sin contratos marco ni garantías, resulta difícil que un proyecto supere los filtros de los financiadores.

• Desajuste con los criterios internos de los financiadores: requisitos como retorno esperado, volumen mínimo, riesgo reputacional o tipo de promotor suelen ser determinantes.

Resultado: el capital está disponible, pero los proyectos no lo alcanzan porque no cumplen los estándares exigidos. La afirmación más precisa sería:

“No hay escasez de liquidez, sino escasez de proyectos bien estructurados y jurídicamente viables.”

¿Y por qué se dice que hay “más proyectos que operativos”?

Porque, aunque se presentan numerosas iniciativas ante administraciones públicas o potenciales inversores, la mayoría no llega a ejecutarse, debido a factores como:

• Obstáculos en la tramitación administrativa.

• Barreras normativas, especialmente relacionadas con el digestato y los permisos sectoriales.

• Inseguridad jurídica en la cadena de suministro.

• Falta de comprador o modelo de negocio sólido.

• Rechazo social o político no previsto o mal gestionado.

Todo ello genera una percepción de abundancia de proyectos que contrasta con la realidad: muy pocos superan la fase de cierre financiero y construcción.

A pesar del creciente interés financiero por las energías renovables, la mayoría de los proyectos de biogás no alcanzan el grado de madurez necesario para movilizar inversión. No es una cuestión de falta de recursos, sino de falta de propuestas capaces de superar con éxito una evaluación jurídica, técnica y económica rigurosa.

Cuando se aborda correctamente la planificación legal desde el inicio —con una estructura sólida de contratos, garantías, permisos y cumplimiento normativo— el acceso a financiación se convierte en una oportunidad real, no en una barrera.

5. Falta de ejecución real de las políticas públicas

Aunque la Hoja de Ruta del Biogás (2021) plantea 45 medidas y fija un objetivo claro de 10,41 TWh/año para 2030, su carácter no vinculante y la ausencia de hitos intermedios exigibles han impedido que se traduzca en una política eficaz de desarrollo del sector.

Las principales carencias son:

• Ayudas insuficientes o mal enfocadas: el programa de incentivos a proyectos singulares de biogás (IDAE, 2023) asignó 76,5 M€, pero no resolvió los cuellos de botella más importantes —como la tramitación ambiental, la gestión del digestato o la conexión a red— y muchos expedientes quedaron paralizados.

• Falta de coordinación normativa entre comunidades autónomas y ausencia de una ventanilla única para la tramitación de proyectos energéticos con implicaciones agrícolas, ambientales y urbanísticas.

• Ausencia de una obligación legal de mezcla de biometano en la red de gas natural, lo que reduce drásticamente la demanda y desincentiva las inversiones.

Este último punto es especialmente significativo si se compara con lo que ya han implantado otros países europeos:

Comparativa internacional de obligaciones de mezcla

Fuentes: MTE France (2024), Consultancy.eu, [European Biogas Association 2023], [ERSE Portugal].

Mientras en Francia ya se inyectan más de 9 TWh/año gracias a un sistema de certificados de producción (CPB) y obligaciones vinculantes para los suministradores, y en Alemania se tramita un Renewable Gas Act con cuotas obligatorias de biometano, España sigue sin un instrumento normativo que garantice una demanda estable.

La falta de una estrategia jurídica nacional coherente, aplicada y exigible bloquea avances incluso cuando hay financiación disponible. Sin una señal clara de demanda, sin obligaciones de mezcla y sin reglas homogéneas para la conexión a red, los proyectos se estancan o no alcanzan el cierre financiero.

En este contexto, cualquier avance en producción o inversión será limitado si no se transforma el marco regulatorio y se dotan los objetivos de instrumentos jurídicos y económicos eficaces. Sin estas herramientas, el biogás seguirá siendo en España una oportunidad potencial, no una realidad consolidada.

6. Impacto social y discurso devorado

El elevado número de proyectos presentados en los últimos años evidencia un interés creciente por parte del sector. Sin embargo, la mayoría no llega a ejecutarse, y no solo por obstáculos técnicos o económicos. Cada vez es más determinante la resistencia social y la falta de una estrategia común para anticiparla y gestionarla.

Uno de los grandes errores ha sido infravalorar la dimensión territorial y social de estas instalaciones. Muchas veces, los proyectos no incorporan evaluaciones de impacto social ni se plantean mecanismos efectivos de participación, información o compensación local. Esto deja un vacío que ha sido ocupado por grupos organizados —en ocasiones bien asesorados y profesionalizados— que han conseguido proyectar una imagen negativa del biogás.

En este escenario, el sector ha perdido el liderazgo del discurso público. El biogás, lejos de ser percibido como una solución de país para la transición energética, se asocia cada vez más con conflicto, rechazo vecinal y desconfianza institucional.

Para revertir esta situación, es imprescindible:

• Incorporar desde el inicio evaluaciones jurídicas del impacto social y territorial, que permitan anticipar tensiones y generar confianza.

• Reforzar la narrativa sectorial desde la evidencia, la experiencia local y la pedagogía climática.

• Unirse en torno a un mensaje común, desde asociaciones, cooperativas y empresas, que defienda un modelo ordenado, participativo y con retorno social.

De lo contrario, el riesgo es que el relato siga en manos ajenas. En no pocas ocasiones, los movimientos de oposición han sido alentados o amplificados por lobbies con intereses contrarios al despliegue del biogás, lo que debería mover al sector a reorganizar su estrategia de comunicación, representación e incidencia política.

Hace falta un pacto de país

España cuenta con un potencial técnico de hasta 163 TWh/año de biometano, equivalente al 50 % de su demanda nacional de gas. Este recurso puede ser clave para garantizar la soberanía energética, reducir la dependencia exterior, estabilizar precios y avanzar en descarbonización, empleo rural y economía circular.

Pero no bastan los documentos estratégicos. La Hoja de Ruta del Biogás, aunque acertada en el diagnóstico, carece de fuerza vinculante, de hitos obligatorios y de una ejecución jurídica coordinada entre niveles de gobierno.

Lo que hace falta es un pacto de país, realista y operativo, que active el potencial del biogás mediante cinco ejes concretos:

1. Coordinación institucional efectiva
   Estado, comunidades autónomas y entidades locales deben actuar de forma alineada, estableciendo procedimientos comunes y criterios claros para reducir tiempos, incertidumbre y disparidad normativa.

2. Marco económico claro y estable
   Subastas específicas, tarifas reguladas, obligaciones de mezcla, incentivos fiscales, y un reconocimiento jurídico del digestato como fertilizante. Solo con instrumentos económicos coherentes será posible atraer inversión y cumplir objetivos.

3. Ejecución jurídica transversal desde el diseño
   La clave no está solo en el CAPEX o en la ingeniería, sino en cómo se estructura jurídicamente todo: desde el suministro de residuos hasta los contratos de operación, permisos, licencias, retorno local, gobernanza e impacto ambiental. La inseguridad normativa es el freno oculto que aún no se ha desbloqueado.

4. Aceptación social y participación territorial
   Sin evaluación de impacto social, pedagogía climática ni mecanismos de participación, seguirá habiendo oposición. El sector debe recuperar el liderazgo del relato y defender el modelo desde la legitimidad social, con presencia y compromiso.

5. Unidad de acción y representación sectorial
   Hace falta una voz fuerte, plural y cohesionada que represente al sector ante el Gobierno, los medios y la sociedad. Sin una visión compartida y una estrategia de comunicación proactiva, otros ocuparán ese espacio —y no siempre con objetivos alineados con el interés general.

El biogás no es solo una oportunidad tecnológica. Es una palanca estratégica para el futuro energético del país. Pero sin un enfoque jurídico, institucional y social ambicioso, seguirá atrapado en el discurso de lo potencial, sin convertirse en realidad.