Desde su entrada en vigor el 29 de junio de 2023, el Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo ha supuesto un antes y un después en la protección de los bosques a través de la regulación del comercio de materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal.
Actualmente, tras su plena aplicación a partir del 30 de diciembre de 2024 para operadores y comerciantes, y con la inminente ampliación el 30 de junio de 2025 a pequeñas y medianas empresas comerciantes, las obligaciones de diligencia debida forman ya parte ineludible del marco jurídico de actividad en Europa.
¿Qué establece exactamente el Reglamento?
El Reglamento impone que ningún producto relevante pueda comercializarse, ponerse a disposición en el mercado o exportarse desde la Unión si:
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No está libre de deforestación.
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No ha sido producido conforme a la legislación aplicable en el país de origen.
Para ello, los operadores y comerciantes deben:
✅ Recopilar información exhaustiva, incluyendo la geolocalización exacta de las parcelas de origen, el país de producción y la identidad del proveedor.
✅ Analizar el riesgo de deforestación, degradación forestal o incumplimiento de la legislación local, utilizando fuentes de información fiables y actualizadas.
✅ Mitigar cualquier riesgo identificado hasta asegurar que el nivel de riesgo residual sea insignificante, documentando las acciones realizadas.
La verificación del cumplimiento se formaliza mediante la declaración de diligencia debida que los operadores deben presentar electrónicamente antes de la comercialización o exportación.
Un nuevo estándar de gestión de riesgos ambientales
El Reglamento establece un modelo de diligencia debida exigente, basado en principios que obligan a las empresas a:
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Identificar los riesgos en su cadena de suministro con precisión.
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Analizar de forma objetiva el grado de exposición a riesgos ambientales.
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Evaluar y mitigar de forma continua, manteniendo registros y adaptando los procedimientos a los cambios de contexto.
La correcta implantación de estos sistemas no solo protege frente a sanciones administrativas severas, sino que también refuerza la resiliencia empresarial y la transparencia corporativa.
Cumplimiento normativo, sostenibilidad y competitividad
Más allá de la obligatoriedad legal, integrar procesos eficaces de diligencia debida permite:
🔹 Reforzar la credibilidad y confianza en los mercados nacionales e internacionales.
🔹 Anticipar riesgos reputacionales y operativos derivados de la falta de trazabilidad.
🔹 Responder a las expectativas de inversores, clientes y reguladores en materia de responsabilidad social y ambiental.
Implantar sistemas sólidos de cumplimiento y gestión de riesgos, adaptados a las exigencias del Reglamento (UE) 2023/1115, es hoy una medida estratégica para consolidar una posición competitiva y sostenible en el mercado europeo.
